Déficit habitacional e impuestos ocultos

Sergio Quesney S.

En los últimos años hemos visto un crecimiento desordenado e inorgánico en normas, leyes y decretos que buscan limitar el desarrollo, la expansión y la densidad urbana. También, una creciente participación de distintas reparticiones públicas e instituciones interviniendo y paralizando obras (Direcciones de Obras de las Municipalidades, Servicio Agrícola y Ganadero, CONAF, Contraloría, Consejo de Monumentos Nacionales).

Por un lado, están quienes se oponen a la expansión de la ciudad, que representan a quienes predican contra la extensión de los límites urbanos y loteos de zonas rurales. Argumentan pérdida de tierras agrícolas, falta de servicios y transportes, y marginación de los habitantes.

Por el otro, aparecen quienes se manifiestan contra la densificación territorial, oponiéndose a la construcción de torres de altura, guetos verticales y pérdida de zonas residenciales. Argumentan saturación vehicular, aumento de criminalidad y destrucción de barrios patrimoniales.

“La Ley de Aporte al Espacio Público se ha transformado en un botín de ciertas municipalidades, que ni siquiera rinden cuentas de los ingresos percibidos por dicha norma”.

Los razonamientos son en parte ciertos y válidos, pero en Chile existe un gravísimo déficit habitacional que debe ser solucionado. Según la encuesta Casen, se necesitan cerca de un millón de viviendas para solucionar la actual crisis de habitacional de nuestro país. Conforme a esta misma encuesta, hay más de 400.000 familias allegadas, más de 330.000 mil familias habitando viviendas calificadas como inhabitables o irrecuperables; 160.000 familias en condiciones de hacinamiento y 40.000 indigentes. Esto, sin contar con cierta población invisibilizada en las encuestas, producto de la inmigración ilegal. Son personas que no aparecen registradas en las estadísticas oficiales, pero que igualmente requieren de un techo. Su número es indeterminado, pero suman varios miles.

Por su parte, el legislador poco hace por solucionar esta crisis, agravándola en la última década al aplicar IVA en la venta (con habitualidad), encareciendo la construcción con permisología insoportable e inabarcable, eliminando el crédito especial para empresas constructoras (CEEC) y agregando tributos ocultos como la Ley de Aporte al Espacio Público, que se ha transformado en un botín de ciertas municipalidades que ni siquiera rinden cuentas de los ingresos percibidos por dicha ley. Esta última norma asume que un proyecto inmobiliario o construcción trae externalidades negativas al entorno, que deben ser compensadas mediante obras o a través un aporte monetario compensatorio, que mejoren el espacio público, lo que en verdad es un impuesto camuflado a los proyectos de construcción, encarece la vivienda y su destino final muchas veces es incierto.

La construcción está en su peor momento en 40 años y no se ven los tan anunciados brotes verdes que algunos adelantaron el año pasado. Sugerimos al legislador y al Ejecutivo dar prioridad a este tema, y generar los incentivos adecuados para que la vivienda y construcción vuelvan a ser un motor económico del país, y que dichos beneficios se materialicen en trabajo y en un hogar para las familias chilenas.